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CONSECUENCIA DE LA CRISIS EN ESPAÑA

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España: Aumenta número de personas que acude a por comida al cierre de supermercados

Unas semanas antes, el gerente dio la orden a los trabajadores de sacar la basura justo cuando pase el camión de recogida, de modo que nadie pueda llevarse nada de los contenedores. “La cantidad de personas que se acercaba a por comida era ya demasiado grande”, asegura el jefe del establecimiento. Por eso, Pedro no quiere llamar la atención y espera que, como cada semana, los empleados hagan la vista gorda y le permitan coger algo de la comida “que hay por arriba, sin rebuscar demasiado”.
“Vengo una vez por semana, y cojo sobre todo fruta y verduras”, explica con media sonrisa este mecánico retirado que no llega a fin de mes con sus 400 euros de pensión. “Tengo cuidado de que estén empaquetadas, poco dañadas, y que luego se puedan pelar”, añade, y asegura que con la cantidad que recoge semanalmente consigue sobrellevar su situación económica.

. En las noches más tranquilas, el goteo de personas que se acercan a buscar lo que el supermercado desecha es incesante y Maira, dominicana de 34 años y madre de un hijo, es otra de ellas. “Vengo a coger fruta, leche y otros alimentos que no estén muy dañados y se encuentren dentro de fecha”, cuenta.



La joven, que ha trabajado durante años como cuidadora de niños y que ahora está en paro, asegura que ha acudido en varias ocasiones a comedores sociales y a iglesias para pedir ayuda, pero la comida que le suministran no es suficiente. “Tengo que sacar adelante a mi hijo y, aunque tengo el apoyo de mis hermanos, la cosa está demasiado mal, necesito hacer esto”, afirma. Maira es aún una novata. “Es la primera vez que vengo sola, pero ya vine la semana pasada con una amiga ecuatoriana que también recoge comida. Ella fue la que me animó”, comenta.
Mientras, a pocas calles de distancia Antonio, el gerente de un AhorraMás, entrega una bolsa con alimentos básicos a un hombre que lleva todo el día pidiendo una ayuda económica a los clientes al pasar por la puerta. “Normalmente, si se cae algún producto o se daña un poco el envase hay que tirarlo, así que de vez en cuando le doy algunos”, explica, aunque reconoce que la mayor parte de la basura la tiran, después de triturarla para que nadie la recoja. “Me da mucha pena tirar tanta comida, pero es la política de la empresa”, se justifica.

Escenas como éstas se repiten en la mayoría de las calles de Madrid, una ciudad que cuenta, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, con 1’4 millones de personas en riesgo de exclusión y casi un millón por debajo del umbral de pobreza, mientras que buscar en la basura puede acarrear una multa de 750 euros. Sin embargo, la decisión del alcalde de Girona de sellar los contenedores para evitar estas escenas evidencia que el fenómeno es común en otros lugares del país.
El despilfarro de comida, en el debate público


El Sindicato Andaluz de Trabajadores, que la semana pasada realizó una acción de “expropiación” de alimentos básicos en un Mercadona sevillano, ha colocado en el debate público las dificultades que atraviesan decenas de miles de familias tras las últimas oleadas de recortes. El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, aprovechó la cobertura mediática para proponer que los productos de consumo de las grandes superficies fueran donados cinco días antes de su fecha de caducidad. “Hay 1.700.000 familias con todos sus miembros en paro y se les está acabando el subsidio por desempleo. ¿De qué van a comer ellos?”, espetó.

Lo cierto es que buena parte de los alimentos que diariamente se tiran en los supermercados se encuentran en condiciones aptas para el consumo. Así lo reconoce un gran número de gerentes de establecimientos consultados por Público, quienes indican que días antes de su fecha de caducidad —varía según la cadena de supermercados— los alimentos son arrojados al contenedor aunque estén en condiciones óptimas. En algunos de ellos, debido a “políticas de empresa”, trituran la comida o abren las cajas de leche y zumos cuyos envases se hayan dañado, aunque no se haya visto perjudicada la calidad del producto, y, sobre todo, tratan de esperar a que pase el camión de la basura para sacar los contenedores del establecimiento.
La entidades benéficas, colapsadas

Según un estudio elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los supermercados no suelen donar a ONGs o bancos de alimentos, y sólo un 20% asegura realizar esta práctica. Sin embargo, ellos no son los únicos que tiran comida diariamente, sino también los restaurantes, que, según otro informe, elaborado esta vez por la Federación Española de Hostelería y Restauración, arrojan al año cerca de 63.000 toneladas a la basura.

Mientras tanto, los bancos de alimentos, que han visto cómo la demanda de comida ha crecido un 45% en el último año, no dan abasto en medio de una dura crisis que golpea a multitud de hogares españoles y ha obligado a muchos a recurrir a entidades sociales para obtener productos de primera necesidad. El Banco de Alimentos de Madrid, por ejemplo, tiene una lista de espera de unas 15 organizaciones. “Nos vemos obligados a rechazar muchas solicitudes porque no hay alimentos para todos”, lamentaba Agustín Alberti, portavoz de la organización, hace un par de meses.

Lo cierto es que buena parte de los alimentos que diariamente se tiran en los supermercados se encuentran en condiciones aptas para el consumo. Así lo reconoce un gran número de gerentes de establecimientos consultados por Público, quienes indican que días antes de su fecha de caducidad —varía según la cadena de supermercados— los alimentos son arrojados al contenedor aunque estén en condiciones óptimas. En algunos de ellos, debido a “políticas de empresa”, trituran la comida o abren las cajas de leche y zumos cuyos envases se hayan dañado, aunque no se haya visto perjudicada la calidad del producto, y, sobre todo, tratan de esperar a que pase el camión de la basura para sacar los contenedores del establecimiento.
La entidades benéficas, colapsadas

Según un estudio elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los supermercados no suelen donar a ONGs o bancos de alimentos, y sólo un 20% asegura realizar esta práctica. Sin embargo, ellos no son los únicos que tiran comida diariamente, sino también los restaurantes, que, según otro informe, elaborado esta vez por la Federación Española de Hostelería y Restauración, arrojan al año cerca de 63.000 toneladas a la basura.

Mientras tanto, los bancos de alimentos, que han visto cómo la demanda de comida ha crecido un 45% en el último año, no dan abasto en medio de una dura crisis que golpea a multitud de hogares españoles y ha obligado a muchos a recurrir a entidades sociales para obtener productos de primera necesidad. El Banco de Alimentos de Madrid, por ejemplo, tiene una lista de espera de unas 15 organizaciones. “Nos vemos obligados a rechazar muchas solicitudes porque no hay alimentos para todos”, lamentaba Agustín Alberti, portavoz de la organización, hace un par de meses.


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Hambre en la españa de la democracia
Cerrarán con candado los contenedores de supermercados de Gerona para evitar que se busque comida caducada en la basura .

l Ayuntamiento de Gerona cerrará con un candado los contenedores próximos a los supermercados debido al aumento de personas que rebuscan en la basura algo con lo que alimentarse.

Para poder llevar a cabo este proyecto, el Consistorio contará con la colaboración de los supermercados Condis, Bonpreu y Novavenda, que donarán alimentos a punto de caducar para crear un Centro de Distribución de Alimentos (CDA) al que se derivarán a los afectados.
El regidor de Servicios Sociales, Eduardo Berloso, ha explicado que la iniciativa servirá “para poner en práctica el derecho a una alimentación digna”, y ha añadido que también se trata de una medida de sanidad pública.

Berloso ha comentado que los contenedores cercanos a los supermercados estarán cerrados “para que la gente no pueda acceder a estos alimentos que están mezclados con desperdicios”. Sin embargo, ha señalado que, a cambio, se entregará “una cesta de urgencia” con comida a quienes lo soliciten y se pondrá a estas personas en contacto con los asistentes sociales para que puedan hacer un seguimiento de cada caso.
Asimismo, ha señalado que queda garantizado el anonimato de todos aquellos que acudan a este servicio.
La imagen que ofrece la España de la democracia, es la de personas buscando comida en la basura, todo un síntoma del progreso de los últimos 40 años.

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4 COMUNIDADES NO NEGARAN SERVICIO DE SALUD GRATUITO


Gobierno ecuatoriano asegura que “dará la cara”_ por compatriotas que se queden fuera de la red médica.

 


A partir del próximo 1 de septiembre, unos 150 mil inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo  serán eliminados de los archivos de la red pública de asistencia sanitaria, esta medida tomada no les permitirá ser atendidos por los médicos en los centros de salud. Esta modificación proclamada por el gobierno de Mariano Rajoy dejará sin cobertura gratuita a inmigrantes indocumentados.
La medida fue tomada como recorte de gastos para reducir el déficit tras la crisis que vive Europa.
Tras esta situación, España se divide en dos: algunas regiones garantizan que su servicio de salud seguirá siendo universal, sin detallar cómo lo piensan hacer, y otras acatarán las medidas del gobierno y sacarán del sistema a las personas indocumentadas, perdiendo así su tarjeta sanitaria.
Las comunidades que seguirán prestando su servicio sanitario gratuito son Andalucía; capital de Sevilla, Asturias; al norte de España, País Vasco; nororiental de la franja cantábrica, Canarias; frente a la costa noroeste de África, y Cataluña; noreste de la Península Ibérica.
Estas comunidades autónomas que aglutinan a más de la mitad de inmigrantes en España han alertado de los problemas de salud pública que puede implicar la medida del gobierno. Por eso han garantizado en sus territorios el servicio universal como hasta ahora.
Desde que fue aprobada esta ley, que veta de asistencia hospitalaria a los habitantes sin papeles legales, el Ministerio de Sanidad ha  explicado, a cuentagotas, cómo planea resolver los problemas vinculados a esa decisión.
Para los inmigrantes sin problemas de salud, el gobierno eligió un método donde se pueden suscribir a pólizas, llamado convenios, con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. El costo es de 710 euros al año. Aunque esta opción no es una solución viable para las personas con esta condición, ya que sus recursos económicos son muy limitados o inexistentes.
Por otra parte, el gobierno de Ecuador, de donde procede gran parte de la inmigración española, ha anunciado que “darán la cara por sus compatriotas sin techo sanitario en España”.

EMIGRANTES SE QUEDAN SI SEGURIDAD SOCIAL
Extranjeros sin documentos en España han realizado marchas para exigir la atención médica gratuita.
 

Sanidad dejará de pagar 417 fármacos

 

Cuatrocientos diecisiete medicamentos -la mayoría para síntomas menores- dejarán de ser financiados por la Seguridad Social el próximo 1 de septiembre, aunque 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas, decisión que se deja en manos de los profesionales. El «Boletín Oficial del Estado» (BOE) publicó ayer la lista. Los pacientes deberán abonar íntegramente el precio de algunos fármacos indicados para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que, según el Ministerio de Sanidad, permitirá un ahorro de 450 millones de euros.
«La prueba evidente de que no es un ahorro es que la industria farmacéutica la recibe sin mostrar el más mínimo desacuerdo», declaró ayer Faustino Blanco, consejero de Sanidad de Asturias. «El ahorro que plantea el Ministerio nos parece un escenario poco realista, porque siempre se produce un uso de fármacos alternativos, casi siempre más caros y no siempre más eficaces», subraya.
El Consejero explica que, cuando la ministra Ana Mato hizo la propuesta de la lista en el Consejo Interterritorial del pasado mes julio, «propusimos una revisión, porque consideramos que no estaba suficientemente madura y queríamos conocer no sólo los criterios técnicos generales en los que se basaba, sino también los análisis que se habían realizado de todos y cada uno de los fármacos».
Pero la relación, añade Faustino Blanco, se ha mantenido prácticamente idéntica a la inicial. «La lista recogía, por ejemplo, medicamentos realmente importantes para ciertas patologías y cuya exclusión de la financiación

 

probablemente conllevaría un aumento directo de gasto. Por eso no creemos que ésta sea una medida de ahorro», señala.
El Consejero teme que dejar en manos de los profesionales la decisión sobre el acceso a 97 de los fármacos «podría conllevar un sobrediagnóstico en torno a estas patologías». A su juicio, hubiera sido más sencillo mantener algunos de los 97 medicamentos, «probablemente no todos, dentro de la financiación y que sea el profesional el que con su criterio decida para qué síntomas y a qué pacientes podrían resultar útiles».
Blanco considera que la medida está enfocada a restringir el consumo farmacéutico «de manera indiscriminada y perjudica a los ciudadanos con menos recursos». Y añade: «Debemos buscar una sanidad sostenida, que no se mueva por impulsos ni por lo que determinen los períodos de mayor restricción económica. Es una medida más del Gobierno de Rajoy encaminada al desmantelamiento de la sanidad pública y a la mercantilización de la salud».
Aunque inicialmente estaba previsto que esta exclusión de la financiación pública de varios medicamentos entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad decidió que fuera en septiembre. Inicialmente se habló de 425 fármacos excluidos, pero el BOE detalla por el momento 417. La lista se revisará de forma periódica.
Sanidad advirtió ayer, a través de un comunicado, que España se mantiene como uno de los países europeos con más fármacos financiados y que, junto con Francia e Italia, es el único que supera los 10.000 medicamentos con cargo a fondos públicos; en concreto más de 18.000.


 

Los pacientes deberán pagar por medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal, Duphalac o Plantago (laxantes), Fortasec (antidiarreico) y pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como Fastum, Calmatel, Movilisin, o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan. También deberán pagar por medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y por fármacos para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica como Rinomax, además de por la acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.
La resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia contempla excepciones y, así, algunos de los incluidos en la lista seguirán teniendo financiación pública cuando sean indicados para patologías concretas, como por ejemplo para pacientes oncológicos.
Subgrupos de medicamentos concretos seguirán siendo costeados por la Seguridad Social cuando sean prescritos para pacientes que padezcan enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis (formadores de volumen); encefalopatía portosistémica y paraplejia (laxantes osmóticos); pacientes oncológicos (antagonistas del receptor opioide periférico) y claudicación intermitente (vasodilatadores periféricos).
Además, los pacientes neoplásicos con tos persistente (alcaloides del opio y derivados) y los enfermos con síndrome de Sjögren (otros oftalmológicos).
A pesar de esta exclusión de la financiación, todos los medicamentos incluidos en la lista se pueden y se deben seguir recetando cuando el médico lo considere apropiado, aunque el paciente tendrá que abonar su coste íntegramente.
Con esta revisión, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, «se deja de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste».
Asturias, Andalucía, País Vasco y, en menor medida, Cataluña son las comunidades más críticas con la propuesta, mientras que las autonomías del PP la respaldan.

 

Una web de la Seguridad Social informará a los ciudadanos sobre su situación sanitaria

• Introduciendo el nombre, el primer apellido, el documento de identidad y la fecha de nacimiento, el sistema informará a los usuarios si tienen derecho a asistencia sanitaria.

 

La Seguridad Social ha puesto en marcha un servicio en internet para que los ciudadanos puedan conocer su situación sobre asistencia sanitaria. A través de la web www.seg-social.es, los usuarios pueden confirmar o ratificar el derecho a asistencia sanitaria.
Conviene recordar que el período transitorio, que estableció el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para el sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, desarrollado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de asistencia sanitaria, está vigente hasta el 31 de agosto. A partir de 1 de septiembre de 2012, tienen derecho a la asistencia sanitaria los trabajadores en alta, pensionistas o perceptores de prestación periódica de la Seguridad Social, perceptores de prestaciones por desempleo o que hayan agotado dichas prestaciones y permanezcan desempleados, cualquier otra persona que resida legalmente en España y disponga de unos ingresos inferiores al límite de rentas fijado en el Real Decreto del 3 de agosto, y los suscriptores de convenio especial con derecho a asistencia sanitaria, así como a los beneficiarios de unos u otros.
Aquellos ciudadanos sobre los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS- (entidad gestora) no haya podido comprobar de oficio su residencia legal en España tendrán que acreditarla ante este organismo. De lo contrario, su tarjeta sanitaria dejará de tener validez.
El servicio de consulta por internet, en la página www.seg-social.es, está accesible. Introduciendo el nombre, el primer apellido, el documento de identidad y la fecha de nacimiento, el sistema le informará si tiene derecho a asistencia sanitaria como asegurado o como beneficiario.
Si el interesado no se encuentra registrado en la Base de Datos de Asistencia Sanitaria, el sistema se lo comunica indicándole que puede obedecer al hecho de no disponer de sus datos identificativos correctamente, o a que no conste debidamente acreditada su residencia legal en España o los ingresos de que dispone.
En síntesis, se trata de un servicio de información de fácil manejo que no requiere que el usuario disponga de certificado electrónico, en el que basta introducir cuatro datos para obtener la respuesta del sistema. De este modo, se evitan desplazamientos innecesarios al INSS y, al mismo tiempo, permite alertar a quienes que por una u otra razón han de acreditar algún extremo para continuar disfrutando de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.

 
 
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